La Cámara Federal de Mendoza confirmó este lunes el procesamiento con prisión preventiva de Sandra Jaquelina Vargas, conocida como "La Yaqui", y de su hijo Mauro Jesús Gélvez Vargas, en una causa que investiga una presunta estructura dedicada al tráfico de estupefacientes en la provincia.
La resolución fue dictada por la Sala B del tribunal, integrada por los jueces Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa y ratificaron la decisión adoptada previamente por el Juzgado Federal Nº1 de Mendoza.
De esta manera, Vargas continuará procesada como autora de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de guerra sin autorización. En tanto, su hijo quedó imputado como coautor del mismo delito agravado por la participación de tres o más personas organizadas, además de la tenencia ilegal de un arma.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la causa apunta a que Vargas habría actuado como organizadora y financista de una red de narcotráfico que operaba al menos desde mayo de 2024.
El fallo señala que la estructura estaba integrada por familiares directos y personas del círculo cercano de la acusada, quienes cumplían distintos roles dentro del esquema delictivo, que incluían coordinación operativa, abastecimiento de droga, almacenamiento, fraccionamiento, venta y recaudación de dinero.
Entre las funciones detectadas por los investigadores se identificaron coordinadores operativos, vendedores, personas encargadas de alertar sobre la presencia policial y responsables de gestionar transferencias de dinero vinculadas a la comercialización de estupefacientes.
En ese entramado también aparecen hijas de Vargas y otros allegados, quienes habrían intervenido tanto en la distribución de droga como en la administración de las ganancias obtenidas a partir del narcomenudeo.
Para confirmar el procesamiento, los camaristas analizaron diversas pruebas reunidas durante la investigación, entre ellas intervenciones telefónicas, testimonios, informes financieros y resultados de allanamientos.
Uno de los ejes de la acusación fueron las escuchas telefónicas en las que distintos integrantes de la presunta organización hablaban sobre recaudación de dinero, distribución de drogas y coordinación de movimientos vinculados a la actividad ilícita. En esas conversaciones, según el fallo, se mencionaba a Vargas por su apodo o como "la doña".
También fue considerado el testimonio de un chofer que trasladaba a la imputada desde el penal hasta su domicilio durante sus salidas transitorias. El testigo detalló la frecuencia de esos traslados y los días en los que se realizaban.
A su vez, los magistrados evaluaron informes financieros que detectaron transferencias de dinero a cuentas y billeteras virtuales a nombre de Vargas, a pesar de que la mujer se encontraba privada de libertad y sin actividad laboral registrada que justificara esos ingresos.
Según el fallo, ese conjunto de evidencias permite sostener en esta etapa del proceso la probabilidad de que la acusada cumpliera un rol central dentro de la organización.
