El Gobierno de Mendoza dio un paso más en la reorganización del sistema de secuestros vehiculares con la inauguración de una nueva playa en el carril Rodríguez Peña, en Coquimbito. El predio, que ya comenzó a operar en el Gran Mendoza, introduce un modelo de gestión tercerizada que busca resolver problemas estructurales de acumulación, trazabilidad y costos en el manejo de vehículos retenidos por infracciones viales.
El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, encabezaron la presentación de un sistema que delega en operadores privados la logística integral: desde el acarreo hasta la disposición final de los rodados. El esquema se apoya en una licitación pública adjudicada a las firmas Acmet y Menserv, bajo un contrato de concesión a diez años.
Un sistema autofinanciado y con inversión privada
Uno de los ejes centrales del modelo es su financiamiento. Con una inversión proyectada superior a los 13.000 millones de pesos, el sistema no implica erogaciones directas del Estado provincial. Los costos operativos serán cubiertos mediante el cobro de servicios a los infractores -acarreo y estadía- y por los ingresos generados a partir de la compactación o eventual remate de vehículos no reclamados.
Este enfoque apunta a corregir una distorsión histórica: durante años, las playas de secuestro acumularon miles de vehículos sin resolución, generando no solo un problema administrativo, sino también ambiental y de seguridad. La nueva operatoria, enmarcada en la reforma de la Ley de Tránsito 9024, reduce plazos y simplifica procedimientos, permitiendo que los rodados abandonados sean procesados en un lapso mucho más corto.
Trazabilidad total y digitalización del sistema
El componente tecnológico es otro de los pilares del nuevo esquema. Cada vehículo secuestrado será monitoreado desde el momento de su retención en la vía pública mediante sistemas de geolocalización (GPS), registro fotográfico y plataformas digitales que documentan cada instancia del proceso.
La trazabilidad incluye ingreso, traslado, permanencia y egreso del vehículo, ya sea por devolución a su propietario, remate o compactación. Toda la información se procesa en tiempo real y sin soporte papel, lo que permite un control más preciso y reduce márgenes de discrecionalidad.
El predio cuenta además con vigilancia permanente, con 26 cámaras de seguridad y monitoreo las 24 horas, reforzando la custodia física de los rodados.
Reordenamiento operativo: policías a la calle
Uno de los argumentos centrales para la tercerización fue la reasignación de recursos humanos. Según explicó Rus, cerca de 100 efectivos policiales estaban destinados a tareas de custodia en playas de secuestro. Con el nuevo sistema, esos agentes fueron liberados para volver a funciones operativas vinculadas a la prevención del delito.
La ministra fue explícita en ese punto: la prioridad es que la fuerza policial no esté abocada a tareas administrativas o logísticas, sino al patrullaje y control en territorio. En esa línea, el nuevo esquema también facilita la aplicación de la ley en casos como las picadas ilegales, al garantizar capacidad de traslado y almacenamiento de vehículos secuestrados.
Impacto ambiental y antecedentes
La inauguración se inscribe en una política más amplia de saneamiento de predios. El caso más emblemático fue la histórica Playa San Agustín, donde se compactaron más de 28.000 vehículos acumulados durante décadas.
Actualmente, se estima que en Mendoza hay entre 22.000 y 25.000 vehículos secuestrados, muchos de ellos vinculados a causas judiciales. En algunas playas, hasta el 70% de los rodados permanecía sin resolución, lo que generaba focos de contaminación y degradación urbana.
El nuevo sistema apunta principalmente a los secuestros por infracciones viales -dependientes del Ejecutivo-, con el objetivo de evitar nuevas acumulaciones. La reducción del plazo para disponer de vehículos no reclamados, que pasó de seis a dos meses, es clave en esa estrategia.
