El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al Congreso que las hostilidades con Irán han "terminado", en una maniobra que le permitió esquivar el plazo legal del 1 de mayo que lo obligaba a solicitar autorización legislativa para continuar el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026.
La notificación, enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, llegó exactamente al cumplirse los 60 días desde que la Casa Blanca informó formalmente el inicio de las operaciones militares. Ese límite está fijado por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una norma aprobada tras la guerra de Vietnam para reforzar el control del Congreso sobre las decisiones bélicas del Ejecutivo.
La legislación establece que, una vez cumplido ese plazo, el presidente debe retirar a las Fuerzas Armadas, salvo que el Congreso declare la guerra o autorice una extensión de hasta 30 días para una retirada ordenada. Ninguna de esas opciones se concretó: el Senado rechazó reiteradamente los intentos demócratas de frenar el conflicto y los legisladores se retiraron de Washington por una semana de receso.
Desde la administración sostienen que el límite legal no aplica, ya que -según su interpretación- las hostilidades cesaron de facto con la entrada en vigor de un frágil alto el fuego a comienzos de abril. En la carta, Trump afirmó que no se registran enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes desde el 7 de abril. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó esa postura ante el Congreso al asegurar que el cese al fuego "pausa" el conteo del plazo.
Sin embargo, especialistas en derecho y asuntos militares rechazan esa lectura. El senador demócrata Tim Kaine advirtió durante una audiencia que el estatuto no contempla ninguna interrupción del plazo, mientras que su colega Richard Blumenthal fue más tajante: "No hay botón de pausa en la Constitución ni en la ley".
La controversia se profundiza por las propias declaraciones de la Casa Blanca. Aunque Trump dio por concluidas las hostilidades, en la misma comunicación reconoció que la amenaza iraní "sigue siendo significativa" y que las operaciones buscan garantizar una "paz duradera". En paralelo, la Armada estadounidense mantiene un bloqueo naval para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Teherán conserva el control del estratégico estrecho de Ormuz.
Consultado antes de viajar a Florida, Trump descartó pedir autorización al Congreso y defendió su postura apelando a precedentes. Afirmó que la norma nunca fue aplicada de forma estricta y la calificó de "inconstitucional", una crítica que también expresaron en su momento los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama.
En el Capitolio, el liderazgo republicano no muestra intención de forzar una votación. El jefe de la mayoría en el Senado, John Thune, señaló que no prevé avanzar en una autorización para el uso de la fuerza en el corto plazo. Aun así, crecen las señales de incomodidad dentro de su partido ante la prolongación del conflicto y sus efectos económicos, especialmente sobre los precios del combustible.
La senadora Susan Collins rompió filas al votar junto a los demócratas para frenar la guerra, al remarcar que el límite de 60 días "no es una sugerencia, es un requisito". Otros republicanos, como John Curtis, Thom Tillis, Lisa Murkowski y Josh Hawley, también reclamaron que el Congreso asuma un rol más activo.
Curtis, además, adelantó que no respaldará nuevos fondos para la guerra sin una autorización formal, mientras que Todd Young condicionó su apoyo a una eventual reanudación de los combates. Por su parte, Kevin Cramer se mostró dispuesto a acompañar una autorización si el presidente la solicita, aunque cuestionó la constitucionalidad de la propia ley.
Así, el anuncio de Trump, lejos de cerrar el capítulo, abre una nueva disputa institucional sobre los límites del poder presidencial en tiempos de guerra y el rol del Congreso en la supervisión de los conflictos armados.
