Las pintadas con amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza ya derivaron en al menos 30 demandas penales contra adultos responsables, según informó el ministro de Educación, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar. El funcionario precisó además que se registraron unos 230 episodios en toda la provincia desde el inicio de esta problemática.
El hecho más reciente ocurrió este martes en la escuela Juan de Dios Correas, ubicada en el distrito de Real del Padre, en San Rafael. Allí se detectaron pintadas intimidatorias en un baño del establecimiento, lo que obligó a activar el protocolo preventivo. A pesar de la situación, las autoridades confirmaron que las clases continúan con normalidad.
En ese contexto, se dispusieron medidas específicas entre el 5 y el 8 de mayo: los alumnos deben asistir sin mochilas y utilizar únicamente bolsas transparentes, al tiempo que se reforzó la supervisión interna dentro de la institución. La decisión de no suspender las actividades responde al objetivo de garantizar la seguridad sin interrumpir el dictado escolar.
Uno de los episodios más graves tuvo como protagonista a la madre de un alumno que asistió a clases con una réplica de arma de fuego. La mujer fue detenida tras respaldar a su hijo, quien había realizado amenazas, lo que evidenció el grado de implicación de algunos adultos en estos hechos.
García Zalazar señaló que, tras semanas críticas en las que se registraron picos de más de cien amenazas semanales, la situación comenzó a estabilizarse. Actualmente, los reportes bajaron a dos o tres casos recientes, lo que marca una disminución significativa.
El ministro explicó que el fenómeno podría estar vinculado a un desafío viral replicado entre estudiantes. En ese sentido, destacó la intervención del Ministerio Público Fiscal, que permitió avanzar en la identificación de los responsables y aplicar sanciones correspondientes.
Asimismo, subrayó que la firma de actas compromiso por parte de los padres fue una de las herramientas clave para reducir la reiteración de amenazas en distintos establecimientos educativos.
La ola de intimidaciones se originó a partir de mensajes y pintadas que rápidamente se multiplicaron en escuelas de toda la provincia, obligando a activar protocolos en decenas de instituciones. Las medidas incluyeron controles de ingreso, presencia policial y restricciones como la prohibición de mochilas.
Desde el Gobierno provincial remarcaron desde un primer momento que no se trataba de bromas, sino de hechos con consecuencias legales.
