El Poder Ejecutivo Nacional ingresó este sábado al Senado un proyecto de ley para derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, más conocida como la Ley de Etiquetado Frontal. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, y solicita al Congreso el pronto tratamiento y sanción de la norma.
El Ejecutivo argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas que justifican su eliminación total.
1. Derogación total e inmediata. El proyecto elimina la ley desde el día de su publicación en el Boletín Oficial. Esto incluye los octógonos negros de advertencia y todas las restricciones en publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en envases.
2. Sistema "binario" que confunde al consumidor. El modelo actual aplica parámetros homogéneos a alimentos muy distintos, sin considerar porciones reales ni densidad nutricional. Esto provoca que productos tradicionales y saludables reciban las mismas advertencias que ultraprocesados.
3. Sin incentivos para mejorar la industria. La estructura binaria no premia las mejoras parciales en la composición nutricional de los productos. Una empresa que reduce el sodio, por ejemplo, no obtiene ninguna ventaja visible en el etiquetado.
4. Trabas en el Mercosur y perjuicio a PyMEs. La falta de armonización regional obliga a fabricar envases diferenciados para distintos mercados. Las PyMEs son las más afectadas, ya que los costos fijos de cumplimiento representan una carga proporcionalmente mayor.
5. Rigidez normativa frente al avance científico. Al incorporar aspectos técnicos directamente en el texto de la ley, el sistema no puede actualizarse con agilidad ante nuevos consensos científicos ni ante revisiones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
6. Se mantiene la información nutricional básica. La derogación no elimina las obligaciones de declarar valor energético, azúcares, grasas y sodio. Estas seguirán vigentes bajo el Código Alimentario Argentino y las resoluciones del Mercosur.
Si el proyecto se aprueba, Argentina abandonaría el sistema de octógonos negros de la OPS y avanzaría hacia un esquema que el Gobierno define como "técnicamente más consistente, uniforme y adaptable".
