La Cámara de Senadores de Mendoza prestó acuerdo constitucional a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos estratégicos tanto en el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) como en el ámbito del Poder Judicial. Las designaciones fueron aprobadas tras el desarrollo de las audiencias públicas correspondientes, en las que no se registraron impugnaciones.
En el marco de una nueva Sesión de Acuerdo y mediante votación secreta, el Senado ratificó la designación de Agustina Llaver como directora presidenta del EMOP. Llaver ya se desempeñaba de manera interina en el organismo y ahora quedó formalmente al frente de la institución, con el respaldo legislativo para avanzar en un plan de gestión orientado a la modernización del sistema de transporte público. Entre los ejes principales de su propuesta se destacan la incorporación de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento del control del servicio a través de sistemas de geolocalización y trazabilidad digital.
Asimismo, el cuerpo legislativo otorgó acuerdo para completar el directorio del ente, confirmando a Lucas Adrián Quesada y Jorge Alberto López como vocales. Durante las instancias previas, ambos postulantes habían recibido adhesiones, destacándose el perfil político de Quesada y la formación técnico-económica de López. Con estas designaciones, el Gobierno provincial termina de conformar la conducción del organismo regulador del transporte, con el objetivo de fortalecer una fiscalización integral que abarque tanto el Gran Mendoza como los departamentos del interior.
En la misma sesión, el Senado avanzó en la cobertura de cargos judiciales vinculados al Ministerio Público, especialmente en el sur provincial. En este sentido, se otorgó acuerdo a Facundo Martín Rodríguez para desempeñarse como Defensor Penal de Menores en la Segunda Circunscripción Judicial. El profesional cuenta con trayectoria dentro del Ministerio Público de la Defensa, particularmente en San Rafael, donde ha trabajado en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, también se aprobó el pliego de María Victoria Sala como Fiscal de Instrucción y Penal de Menores en Malargüe. Sala venía desempeñándose de forma interina en ese rol y su designación definitiva fue valorada por su enfoque en una justicia de cercanía y su especialización en causas complejas, especialmente aquellas vinculadas a violencia de género y delitos contra las infancias.
Con estas decisiones, la Cámara Alta completó el tratamiento de cinco postulaciones clave remitidas por el Ejecutivo, consolidando tanto la estructura del organismo de control del transporte como áreas sensibles del sistema judicial mendocino.




