El Gobierno de Mendoza resolvió avanzar con la investigación interna contra diez efectivos policiales de distintas jerarquías, luego de rechazar un recurso presentado por sus defensas. La medida confirma la validez del sumario administrativo impulsado por la Inspección General de Seguridad (IGS) y descarta la existencia de irregularidades en el proceso.
La investigación alcanza a personal que incluye comisarios y sargentos, y había sido cuestionada por los propios implicados, quienes argumentaban que durante el procedimiento se había vulnerado su derecho a declarar en instancias clave. Sin embargo, tras el análisis del planteo, el Ejecutivo provincial concluyó que se respetaron todas las garantías constitucionales, incluido el derecho de defensa, por lo que desestimó cualquier pedido de nulidad.
En este contexto, la intervención de la Asesoría de Gobierno de Mendoza resultó determinante para respaldar la decisión oficial. El organismo evaluó el desarrollo del sumario y concluyó que cumple con los requisitos legales vigentes, además de garantizar el debido control sobre la actuación estatal en resguardo del interés público. Asimismo, sostuvo que los efectivos involucrados contaron con instancias suficientes para presentar pruebas y ejercer su defensa.
Con la firma del gobernador Alfredo Cornejo, el decreto ratifica lo actuado previamente por la IGS y deja firme la resolución original, lo que implica que la investigación continuará su curso con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades y posibles sanciones dentro de la fuerza policial.
Finalmente, los efectivos fueron notificados de que la vía administrativa ha quedado agotada. A partir de ahora, en caso de querer continuar con el reclamo, deberán recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa, para lo cual cuentan con un plazo de treinta días.
